El Gobierno avisa a la Iglesia de que debe empezar a autofinanciarse

Rodríguez Zapatero descarta revisar de modo global los acuerdos

Primer aviso a la Iglesia católica. El Gobierno advierte en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año de que se dispone a aplicar la Ley y a acabar con algunos de los privilegios económicos de los que goza el clero de forma «transitoria», según acordaron hace 25 años el Estado y la Santa Sede.

Como gesto de buena voluntad, José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que no quiere hacer una revisión global de esos convenios, pero ha recordado a la Iglesia que en 1979 se comprometió a intentar autofinanciarse, algo que todavía no lo ha hecho.

Las confesiones musulmana, judía y evangelista recibirán tres millones de euros de las cuentas públicas de 2005 para la financiación de proyectos sociales y culturales, según recoge la disposición adicional decimotercera del proyecto. Un artículo que no tendría ninguna importancia si no fuera porque el Ejecutivo indica, por primera vez, que es una dotación temporal hasta que «todas las confesiones religiosas en España» se autofinancien, incluida la católica.

El artículo 16

El sentir mayoritario de los socialistas, y de destacados ministros, es que hay que empezar a cumplir el artículo 16 de la Constitución, según el cual «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Muchos creen que la nueva disposición introducida en los Presupuestos es una clara invitación a la Iglesia para que se siente a debatir las posibles salidas a su situación actual, que «no puede ser indefinida».

«No se trata de ajustar las cuentas con la Iglesia», asegura Victorino Mayoral, diputado socialista y presidente de la Fundación laica «Cives», sino de buscar soluciones acordes con la Constitución que erradiquen ciertas ventajas.

En el punto de mira del Gobierno están los miles de millones de pesetas que cada año se le perdonan a la Iglesia en los pagos a cuenta del IRPF, y que también se le indultarán esta vez. El Estado adelanta a la Iglesia la cantidad que estima que los contribuyentes entregarán en su declaración de la renta a la confesión católica en la famosa casilla del 0,5 por ciento.

Una práctica que ha permitido a la Iglesia recibir siempre más de lo que realmente le han dado los contribuyentes. Unos beneficios «extra» que, según cálculos del PSOE, suman unos 5.000 millones de pesetas anuales de media y salen de los bolsillos de los católicos y de los no católicos. El secretario de Libertades Públicas de los socialistas, Álvaro Cuesta, presenta desde 1997 una enmienda a los Presupuestos Generales para acabar con esta financiación de más y este año tratará de que, sin quitar nada en 2005 a la Iglesia sin previo aviso, en 2006 se le entreguen los fondos que le correspondan, pero nada más.

A partir de ahí, el Ejecutivo baraja posibles salidas a estas ventajas, como aumentar del 0,5 al 0,7% la contribución social del IRPF. En este caso el Estado no financiaría directamente a la Iglesia puesto que suprimirían las aportaciones extra. Otras opciones son que la «casilla» no sea a cargo del impuesto, sino un pago aparte, o que las administraciones públicas pongan a disposición de los ciudadanos una red desde la que puedan efectuar esos pagos y no se financie a la Iglesia con el impuesto sobre la renta.

De momento, el Gobierno no tiene ninguna decisión tomada. Rodríguez Zapatero ya ha intentado tranquilizar a los obispos al asegurar que entre sus prioridades no está una revisión global de los acuerdos con la Santa Sede. Pero también ha recordado que la Iglesia se comprometió a cobrar del Estado de forma temporal, hasta alcanzar su autofinanciación, y que esa situación ya dura demasiado sin que se hayan dado pasos hacia la autosuficiencia. El presidente del Gobierno dejó caer que, sin prisas, ya ha llegado la hora de que la Iglesia y el Estado se sienten a dialogar sobre esta situación. Algunos ministros, entre los que se encuentran los vicepresidentes y algunos de los compañeros de oposición de Rodríguez Zapatero, son más partidarios de acabar con los privilegios que otros, como el titular de Defensa, que prefieren demorar la solución del problema y no abrir nuevos frentes con la Iglesia.

Religión Digital

No es el anticristo

LA SUPUESTA ofensiva socialista contra la Iglesia, valorada por algunos sectores de la sociedad y de la política como una especie de «fundamentalismo laicista», es uno de los climas artificiales de opinión mejor instalados en este primer tramo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

De esa percha virtual se cuelgan iniciativas concretas del Ejecutivo y una buena parte de su programa electoral. Sobre todo el relacionado con la enseñanza y la regulación de la convivencia entre los ciudadanos.

En una genérica acusación de anticlericalismo antiguo de progres trasnochados se cuelga que el Gobierno impida el carácter evaluable de la religión en la enseñanza pública, la simplificación del divorcio, o el aborto, la luz verde a los matrimonios entre personas del mismo sexo, las ayudas oficiales a religiones distintas a la católica, etcétera.

A veces, las acusaciones van más allá. Incluidas las que aparecen firmadas por algunos señores obispos con serios problemas para percibir la realidad. Como aquel que hace unos días enmarcaba las actuaciones del Gobierno en un caldo de cultivo pregolpista. O aquel otro que diagnosticaba la opción homosexual para una gran mayoría de niños o niñas que hubieran sido adoptados por parejas del mismo sexo.

Sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero traga saliva. Calla, mira hacia otro lado o responde con moderación. La prudencia es aconsejable en el quehacer de un gobernante, pero no hasta el punto de que sus ideas o su programa electoral acaben condicionados por una institución ajena a la gestión civil de los asuntos públicos.

Estamos a punto de verlo. O, al menos, estamos a punto de que una parte considerable de los votantes y afiliados socialistas entiendan que el Gobierno va a tomar una decisión condicionada por una institución ajena a la gestión pública de un Estado aconfesional.

Me refiero a una enmienda del diputado socialista Álvaro Cuesta, que se viene presentando en la tramitación anual de los Presupuestos Generales del Estado desde el año 1997. En síntesis, reclama que el Estado deje de compensar provisionalmente a la Iglesia por las cantidades no cubiertas por los fieles en la famosa casilla del IRPF.

Este año no se presentará dicha enmienda, por decisión política de la Moncloa que, evidentemente, no quiere confrontaciones con la Iglesia, Y menos a causa de algo tan simple como la financiación de sus actividades.

¿A qué anticlericalismo socialista se refieren realmente desde esos climas de opinión que no quieren otra cosa que confundir a José Luis Rodríguez Zapatero con el anticristo?

Lunes, 25 de Octubre de 2004
LA VELETA : ANTONIO CASADO
Diario de León

Más de medio billón de beneficios

Entre el dinero que percibe por el IRPF, los beneficios propios de un paraíso fiscal con las ventajas en ciertos impuestos, la suma que obtiene por los conciertos educativos, la financiación de los capellanes del ejército, las prisiones, los hospitales, los profesores de religión o el mantenimiento del patrimonio histórico y artístico, la Iglesia recibe cada año del Estado más de medio billón de pesetas. Además, muchas congregaciones, fundaciones e institutos se han transformado en ONGs y han copado gran parte de las ayudas destinadas a la «solidaridad» y al desarrollo.

Ventajas que discriminan al resto de cultos y con las que, según algunos miembros del Gobierno, hay que acabar poco a poco de forma «razonable». La solución no está, según el Ejecutivo, en extender a todas las confesiones el régimen de la Iglesia. Es decir, que no fomentarán ni sostendrán económicamente al resto de cultos, pero sí avanzarán hacia la cooperación en proyectos sociales, educativos, culturales y de integración con las confesiones con las que el Estado tiene convenios en España: la musulmana, la judía y la evangelista.

Estas medidas no suponen, según el Gobierno y el PSOE, «anticlericalismo», sino «aconfesionalidad». El Ejecutivo pretende tratar este asunto con cuidado para no alentar enfrentamientos, pero ya ha dejado claro que aplicará los principios que rigen en la Constitución, según la cual en España «ninguna confesión tendrá carácter estatal».

Lunes, 25 de Octubre de 2004
Diario de León