No es el anticristo

LA SUPUESTA ofensiva socialista contra la Iglesia, valorada por algunos sectores de la sociedad y de la política como una especie de «fundamentalismo laicista», es uno de los climas artificiales de opinión mejor instalados en este primer tramo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

De esa percha virtual se cuelgan iniciativas concretas del Ejecutivo y una buena parte de su programa electoral. Sobre todo el relacionado con la enseñanza y la regulación de la convivencia entre los ciudadanos.

En una genérica acusación de anticlericalismo antiguo de progres trasnochados se cuelga que el Gobierno impida el carácter evaluable de la religión en la enseñanza pública, la simplificación del divorcio, o el aborto, la luz verde a los matrimonios entre personas del mismo sexo, las ayudas oficiales a religiones distintas a la católica, etcétera.

A veces, las acusaciones van más allá. Incluidas las que aparecen firmadas por algunos señores obispos con serios problemas para percibir la realidad. Como aquel que hace unos días enmarcaba las actuaciones del Gobierno en un caldo de cultivo pregolpista. O aquel otro que diagnosticaba la opción homosexual para una gran mayoría de niños o niñas que hubieran sido adoptados por parejas del mismo sexo.

Sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero traga saliva. Calla, mira hacia otro lado o responde con moderación. La prudencia es aconsejable en el quehacer de un gobernante, pero no hasta el punto de que sus ideas o su programa electoral acaben condicionados por una institución ajena a la gestión civil de los asuntos públicos.

Estamos a punto de verlo. O, al menos, estamos a punto de que una parte considerable de los votantes y afiliados socialistas entiendan que el Gobierno va a tomar una decisión condicionada por una institución ajena a la gestión pública de un Estado aconfesional.

Me refiero a una enmienda del diputado socialista Álvaro Cuesta, que se viene presentando en la tramitación anual de los Presupuestos Generales del Estado desde el año 1997. En síntesis, reclama que el Estado deje de compensar provisionalmente a la Iglesia por las cantidades no cubiertas por los fieles en la famosa casilla del IRPF.

Este año no se presentará dicha enmienda, por decisión política de la Moncloa que, evidentemente, no quiere confrontaciones con la Iglesia, Y menos a causa de algo tan simple como la financiación de sus actividades.

¿A qué anticlericalismo socialista se refieren realmente desde esos climas de opinión que no quieren otra cosa que confundir a José Luis Rodríguez Zapatero con el anticristo?

Lunes, 25 de Octubre de 2004
LA VELETA : ANTONIO CASADO
Diario de León